El anteproyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público aprobado por el Consejo de Ministros prevé medidas coercitivas para las comunidades autónomas que no paguen a sus
proveedores en el plazo legal de 30 días. Entre ellas está la de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asumirá los tributos cedidos a esas comunidades morosas si han transcurrido siete meses sin saldar las deudas, así como la posibilidad de enviar a una comisión de expertos a esa región para valorar su situación económica-presupuestaria.
Desde el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro se explica que estas medidas coercitivas ya existen en la
ley de Estabilidad, en lo referente a cumplimiento de deuda y déficit, y que ahora se equipara a la deuda comercial. Fuentes de este departamento han explicado que «hasta ahora no hemos intervenido a nadie y confiamos en que, durante los siete meses que recoge el procedimiento, las comunidades autónomas, las entidades locales y el Estado trabajemos para no llegar a ese extremo».
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