La Generalitat no ha comparecido en los juicios por agresiones a políticos del PP
Día 23/03/2013 - 13.10h
Incumple un acuerdo del Parlamento catalán de hace 13 años que instaba a personarse en los casos de acoso
El asedio al PP en Cataluña, desde los episodios de acoso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hasta los «tradicionales» ataques de la izquierda radical antisistema o independentista, cuentan a menudo con una complicidad del Gobierno catalán. Por acción u omisión. Y desoyendo así una resolución que el Parlamento autonómico aprobó en este sentido, en el año 2000, cuando CiU gobernaba con Jordi Pujol. El 5 de octubre del año 2000, la Cámara autonómica aprobó por unanimidad una resolución en la que se instaba al Gobierno de la Generalitat «a ejercer de acusación particular en los casos de amenazas a cualquier ciudadano de Cataluña por razón de su adscripción política». En la memoria, el boicot a un acto de José María Aznar en la Universidad Autónoma de Barcelona, en 1999, y otros incidentes.
La resolución, la 241/VI, se quedó en papel mojado. Dos años después, en 2002, a raíz de un ataque a un stand del PP en Gerona el día de Sant Jordi, el PP preguntó en el Parlamento autonómico en cuántos procedimientos judiciales sobre amenazas a políticos se había personado el Gobierno catalán. En ninguno, le contestaron.
Ya en 2006, tras un altercado en un mitin de Rajoy y con el tripartito en la Generalitat, el PP apeló de nuevo a la resolución. Seguía sin aplicarse. Fuentes del partido confirmaron ayer que a día de hoy no les consta que la Generalitat se haya estrenado en personarse en estos casos; al menos, seguro, no con políticos del PP de víctimas.
El Gobierno llama a la calma
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió ayer «prudencia y moderación» a los miembros de plataformas antidesahucios, porque «dicen que defienden» los derechos de unas personas y «conculcan los de otras». Les pidió que reflexionen porque se puede protestar sin «atacar los derechos de otros» y respetando la intimidad de los familiares de los políticos.
Al preguntarle si el Gobierno va a tomar medidas específicas de seguridad, señaló que cumplirá su obligación de garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Tras mostrarse convencida de que los hipotecados en riesgo de desahucio no comparten este tipo de protestas, dijo que el Gobierno está «muy pendientes de lo que pasa» con un problema «prioritario».
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