Los grupos acuerdan incluir a la Casa Real y la Iglesia en la ley de transparencia sin restricciones
ANA I. SÁNCHEZ / MADRID
Día 16/05/2013 - 15.27h
La independencia del organismo que velará por el cumplimiento de la nueva legislación y las competencias sancionadoras de Hacienda, escollos para un apoyo unánime
Tras más de dos horas de reunión, el Gobierno y los grupos de la oposición han dado por concluida la reunión sobre el anteproyecto de ley de transparencia con el acuerdo de que tanto la Casa Real como la Iglesia figurarán en la nueva ley sin restricciones específicas.
La Casa Real tendrá las mismas obligaciones que el Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional mientras la Iglesia tendrá que asumir los mismos requisitos de transparencia que cualquier institución privada que reciba fondos públicos. En este último punto falta definir el criterio de inclusión en la ley.
El Gobierno es partidario de determinar la entrada en la ley fijando el porcentaje de ayudas públicas sobre el total de fondos, aunque aún no se ha pronunciado sobre la cifra. El PSOE apuesta por que ese porcentaje sea del 40% de los fondos y, además, se fije una determinada cantidad que por su relevancia, aunque no permita alcanzar el porcentaje fijado, motive también la inclusión de la entidad que lo reciba.
Los grupos acordaron también acelerar la tramitación para que el anteproyecto pueda aprobarse por el Congreso como muy tarde este mes de julio para que pueda empezaran a analizar en el Senado en septiembre y pueda ser aprobado definitivamente antes de Navidad. El Gobierno y los grupos acordaron también que la nueva ley sea debatida en el Pleno de la Cámara en lugar de en comisión, por la importancia de la norma, la primera de estas características que se aprueba en España.
Habrá sanciones
Otro de los avances acordados fue la inclusión de un régimen sancionador para aquellas administraciones que no cumplan con las obligaciones de transparencia, por ejemplo, la publicidad activa. No obstante, y aunque todos los grupos apuntaron a la voluntad negociadora del Gobierno, aún existen puntos de discrepancia.
El principal es el capítulo de «buen gobierno» donde se otorga al ministro de Hacienda la potestad de sancionar a cargos de la administración autonómica e incluso cesar a alcaldes y concejales. Un poder, consideran tanto PSOE como CiU, inconstitucional y vulnerador de competencias por lo que han reclamado al Gobierno su retirada.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortés, Luis Ayllón, se ha comprometido a estudiarlo y dar una respuesta pero no ha asegurado que vaya a atender la reclamación de la oposición por lo que tanto PSOE como CiU han adelantado su voto en contra de este apartado de la ley de no introducirse cambios.
Tampoco los grupos están satisfechos con la dependencia que tendrá del Gobierno el nuevo organismo que tendrá que velar por el cumplimiento de la ley. El Ejecutivo quiere que su responsable sea nombrado por el Consejo de Ministros y comparezca después en el Parlamento y la mayoría de los grupos parlamentarios reclaman un perfil mas independiente. El PSOE, en esta línea, reclama que el mandato del responsable del organismo no coincida con una logística sino que superior y no sea renovable.
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