La Comisión Nacional de la Competencia (CN) ha rechazado hoy la posibilidad de fijar un coste de producción mínimo para los alimentos que establece la Ley de la Cadena Alimentaria, en proceso de aprobación final en el Congreso y el Senado y que entrará en vigor posiblemente en junio.
Competencia cree que "el cálculo y la publicación de valores de referencia suponen la uniformidad de precios que, al operar como precio focal, desincentivaría la competencia, al tiempo que no es compatible con la legislación europea que el Observatorio de la Cadena Alimentaria fije el precio mínimo cuando existan abusos de posición de dominio".
El argumento del regulador español es que "los mecanismos de fijación de precios mínimos, directa o indirectamente, no son admisibles desde un punto de vista de la eficiencia en los mercados y la garantía de la competencia efectiva, y tampoco encajan con la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución ni con la normativa comunitaria ni nacional de la competencia, por lo que empeorarían el funcionamiento de la cadena alimentaria y tendrían inevitablemente un efecto negativo sobre los consumidores vía precios, calidad y variedad de productos, tanto a corto como a medio y largo plazo".
Ignacio García Magarzo, director general de la patronal de los supermercados (Asedas), ha asegurado que la nueva regulación de la cadena alimentaria en España no se ha hecho contra la distribución, sino para "mejorar y hacer más transparentes las relaciones comerciales entre todos los agentes que participan en la producción y venta de alimentos en España".
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